FABIAN ALARCON

Fabián Alarcón Rivera nació en Quito el 14 de abril de 1947 y quedó huérfano de madre a los dos años de edad. Su padre contrajo segundas nupcias con la española Consuelo Albizu Alba cuando él fungía de embajador en Madrid. Fabián Alarcón tenía ocho años de edad y halló en la esposa de su padre una segunda madre que cuidó de los estudios del niño huérfano. Albizu se convertiría en confidente, amiga, consejera y sostén político de Fabián Alarcón Rivera. Éste cursó los estudios primarios y secundarios en España, México y Colombia, países donde su padre fue embajador, y se graduó de bachiller con los jesuitas en el Colegio San Gabriel, de Quito. Estudió jurisprudencia y a los 26 de edad se doctoró en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue presidente de la Asociación Escuela de Derecho y miembro del Partido Patriótico Popular fundado por su padre. Elegido concejal del Municipio de Quito en la época del popular alcalde Sixto Durán-Ballén, integró la Comisión de Reestructuración Jurídica del Estado que redactó el proyecto de nueva Constitución aprobada en el referéndum de 1978 durante el proceso de retorno a la vida democrática, impulsado por el Consejo Supremo de Gobierno (dictadura militar de 1976 a 1979). Ganó las elecciones de prefecto provincial de Pichincha para 1984 - 1988 y fue escogido presidente del Consorcio de Consejos Provinciales en 1984. El PPP se había fusionado con el Partido Demócrata que se extinguió en 1988. Algunos de sus antiguos miembros se unieron al Frente Radical Alfarista. Como militante de este partido, Alarcón Rivera fue elegido diputado en 1990 y luego varias veces más ya como diputado provincial, ya como nacional. Fue presidente del Congreso en los períodos de 1991-1992, 1995-1996 y 1996-1997. Cuando ocupaba esta última presidencia, el Congreso Nacional, tras destituir a Abdalá Bucaram, lo eligió presidente constitucional interino de la República En el ejercicio de su profesión de abogado y jurisconsulto, Alarcón Rivera representó a Ecuador en los Congresos Interamericanos de Abogados en Brasil, Puerto Rico y Quito y se integró a la Federación Interamericana de Abogados como miembro mayor. Contrajo matrimonio en 1976 con la señora Lucía Peña Ochoa, oriunda de Cuenca, y formó un hogar de tres hijos: Fabián Ruperto, Pablo Andrés e Isabel Lucía.

Durante la presidencia interina la diputada del FRA y luego de Izquierda Democrática economista Cecilia Calderón lo acusó de haber fomentado la sinecura ("piponazgo") mientras Alarcón ejercía la presidencia del Congreso. La acusadora llevó este cargo a la Comisión Anticorrupción creada por el propio presidente constitucional interino. El presidente de la Corte Suprema, Héctor Romero Parducci, ordenó la prisión preventiva de Alarcón en marzo de 1999. Orden ilegal, pues la Contraloría de la Nación en su informe definitivo había absuelto al ex presidente del Congreso: por tanto, no había lugar para un juicio, mucho menos para la prisión preventiva. Según la Comisión Anticorrupción, el informe final de Contraloría había sido amañado a favor de Alarcón por la propia entidad de control. Alarcón salió de la cárcel en diciembre de 1999, pero el juicio en su contra siguió el cauce normal.



Período presidencial: 11de febrero de 1997 a 10 de agosto de 1998.
Primera dama: Lucía Peña Ochoa.
Vicepresidente: Rosalía Arteaga Serrano: 10 de agosto de 1996 a 2 de abril de 1998. Pedro Aguayo Cubillo: 2 de abril a 10 de agosto de 1998.

LA CONSPIRACIÓN

Según el analista Santiago Ortiz Crespo, la caída de Bucaram y el levantamiento ciudadano se enmarcaron en la crisis de la institucionalidad democrática puesta de manifiesto por el estilo personalista del presidente; en la pugna entre los grupos monopólicos deseosos de medrar con la privatización de los bienes del Estado; en la fatiga de 15 años de ajustes económicos ineficaces; en el desprecio a la ley que trajo consigo la propuesta neoliberal; en la presencia inorgánica y diversa de los movimientos sociales que no se sentían representados en una institucionalidad caduca; y en la agonía del Estado petrolero paternalista y clientelar. Los ex presidentes Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja y el tres veces candidato presidencial Jaime Nebot se reunieron el 3 de febrero en la Federación de Trabajadores Petroleros para pedir abiertamente que "se impulsara una reforma política que será la labor de un gobierno constitucional de transición concertado y que el Congreso se convocara extraordinariamente el cinco de febrero". En Quito, el alcalde Jamil Mahuad aglutinó los movimientos sociales para deponer al presidente. En Cuenca, el alcalde Fernando Cordero y el arzobispo Alberto Luna canalizaron la violenta oposición de la ciudad contra el presidente de la República. La mayoría de los ciudadanos estaba porque Bucaram se fuera. La vicepresidenta Rosalía Arteaga reclamó la sucesión el 5 de febrero a las siete de la mañana. Según la tradición constitucional instaurada en 1989, ella debía reemplazar a Bucaram. Había, sin embargo, una triple dificultad: era persona non grata para los partidos de la oposición que la veían corresponsable del triunfo de Bucaram sobre Nebot y la habían visto complaciente, o al menos indiferente, con la conducta del mandatario; era un obstáculo para un nuevo gobierno de concertación; era una sucesora por sentido común pero no por mandato constitucional ya que en la Carta Política codificada alguien había olvidado incluir el texto de la sucesión vicepresidencial. La embajada de los Estados Unidos defendía esta sucesión tanto porque se guardasen las formas de la democracia como porque el embajador Leslie Alexander apreciaba a la vicepresidenta. Las Fuerzas Armadas garantizaban el orden de la Constitución.

Fabián AlarcónRivera convocó un Congreso Extraordinario en la tarde del 5 de febrero a fin de deponer al presidente. Para reemplazarlo, se barajaban los nombres del presidente del Congreso y del presidente de la Corte Suprema, segundo y tercero en la línea de la sucesión presidencial. Las causas constitucionales para deponer al presidente eran traición a la patria, cohecho y grave atentado contra el honor nacional, sentenciadas en juicio político votado por una mayoría de los dos tercios del Congreso. El presidente no había incurrido en esos delitos ni el Congreso, en caso de atribuírselos, habría logrado la mayoría requerida. Quedaba el artículo 100 de la Constitución: la incapacidad física o mental, que ni siquiera estaba reglamentado. El 6 de febrero, el Congreso arguyó con el artículo 100, destituyó por mayoría simple a Bucaram y eligió presidente a Fabián Alarcón Rivera. Bucaram rechazó el nombramiento de Alarcón. Ese mismo día, la vicepresidenta Arteaga se proclamaba presidenta. Así pues, el 7 de febrero, el país amaneció con tres presidentes. Las Fuerzas Armadas, luego de consultar a los distritos militares, retiraron su apoyo al presidente Bucaram y le dieron la alternativa de renunciar o de encargar el poder. Bucaram optó por encargar el poder a la vicepresidenta, pero ésta exigió que el encargo no fuera temporal, sino definitivo. Bucaram no aceptó esta condición. En la noche de ese día Bucaram voló a Guayaquil y puso su cuartel general en la Gobernación; pero los acontecimientos de los días posteriores le obligaron a huir a Panamá el 11 de febrero.

El 8, la vicepresidenta, Alarcón, los jefes de los bloques parlamentarios y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegaron a un acuerdo: destitución de Bucaram, invalidez de la elección de Alarcón, revocatoria del acuerdo de proclamación de Arteaga como presidenta, encargo de la presidencia interina durante tres días a Arteaga, confección de una norma aclaratoria a la Carta Política sobre elección presidencial en caso de ausencia definitiva del presidente. Posesionada de la presidencia y para quedarse más tiempo con el poder, Arteaga adujo que sus funciones durarían hasta cuando el Congreso estuviese facultado para elegir presidente, lo que implicaba una reforma constitucional con aprobación de los dos tercios de los diputados. Sin embargo, el 11 de febrero, 57 diputados eligieron a Alarcón presidente interino hasta el 10 de agosto de 1998. Arteaga cedió. Durante estos días, pero principalmente el 5, 6 y 7 de febrero, el pueblo congregado en el centro de Quito, en la avenida de los Shirys y en las inmediaciones del Congreso exigía que éste depusiera a Bucaram. Así, el Congreso podía aducir que no había hecho sino obedecer la voluntad popular. Las Fuerzas Armadas obraron con tino, mediaron y hallaron un curso aceptable para defender la esencia de la Constitución. Este levantamiento popular calificado como "la revolución de las conciencias" mostró cuánto habían madurado las organizaciones sociales, despertó anhelos de cambios más radicales, fortaleció la participación popular, debilitó la institucionalidad democrática formal y se vino abajo al soplo de las componendas políticas tradicionales. En este río revuelto, pescó el poder uno de los políticos más hábiles de la década. EL INTERINAZGO En el primer lustro de la década de 1930 y en el segundo del decenio de 1960, los interinazgos habían sido salidas forzadas por la inestabilidad política. Era la primera vez que se acudía a esta salida en los años de la democracia restaurada. Y se acudía a ella en medio de circunstancias difíciles como la ilusión de un cambio rápido de la política económica neoliberal a una política económica socialista. Si el pueblo unido pudo revocar el mandato presidencial, el pueblo unido podía exigir un cambio de rumbo económico: en esto consistió la ilusión. Además, este cambio debía hacerse en un interinazgo de menos de un año y medio de duración, con un presidente sin mayoría en el Congreso, con diputados movidos por miras electorales, algunos de los cuales no estaban ciento por ciento convencidos de la constitucionalidad de sus propios actos al haber depuesto a un presidente legítimo y al haber elegido a uno que no estaba en la línea inmediata de la sucesión presidencial. El nuevo presidente se veía crucificado entre un Congreso acreedor y un pueblo que no debía ser traicionado. El hecho de que Alarcón hubiera podido terminar su mandato pese a estas circunstancias demostró la habilidad del presidente para caminar sobre la cuerda floja de una situación tan compleja. Y ése fue el mayor mérito de su gestión. Según informes del gobierno, Alarcón recibió un Ecuador en crisis con un déficit fiscal del sector público (proyectado) de 1.400 millones de dólares, equivalente a un siete por ciento del producto interno bruto; con una caja fiscal vacía, con sueldos públicos atrasados, con deudas a los gobiernos seccionales, con un retraso de casi 300 millones de dólares en el pago de la deuda externa y una inflación acumulada en enero y febrero de algo más de 10 puntos. La reserva monetaria internacional, entre enero y febrero de 1997, había descendido de 1.966 millones de dólares a 1.781; las tasas de interés eran muy altas, especulativas e inestables ; el endeudamiento público interno y externo, irresponsable y con intereses de hasta el 20% en dólares. El crecimiento económico había sido de un dos por ciento en 1996 y el del primer trimestre de 1997 fue de 0.3 por ciento. El precio del barril de petróleo bajaba y en 1998 habría de llegar a seis dólares cuando en el presupuesto de ese año se lo había calculado a 16. Había impaciencia en los movimientos sociales por las necesidades insatisfechas durante muchos años. Las instituciones políticas yacían maltrechas y el público desconfiaba de la Contraloría y de las Superintendencias de Bancos y Compañías. Habida cuenta de estas circunstancias, el presidente propuso al país el siguiente programa. LAS METAS DEL GOBIERNO Consolidar el sistema democrático e impulsar una reforma política y jurídica; "equilibrar lo económico y lo social impulsando la reactivación mediante el control de los parámetros macroeconómicos"; ejecutar programas para reducir la pobreza y mejorar la calidad de la vida; buscar la paz definitiva con Perú y devolver al Ecuador el respeto perdido en el ámbito internacional durante la presidencia de Bucaram Ortiz; planificar, iniciar y ejecutar 20 proyectos grandes para el desarrollo nacional y de las regiones; prepararse para afrontar la Corriente del Niño. Estas metas, generales y abstractas unas, coyunturales y desmesuradas otras, eran parte del estilo del presidente Alarcón: ofrecer sin concretar y al concretar, exagerar para torear la realidad. Ésta lo embistió en el ámbito económico y social: la crisis del precio del petróleo rebasó toda previsión; la furia del fenómeno del Niño rebasó lo temido y lo sobrepasó ampliamente. De esta manera, la primera fuente de ingresos (el petróleo) y la segunda ( el banano, camarón y productos agrícolas de exportación) se vieron cegadas en gran parte. La pobreza creció y la calidad de la vida se deterioraba. Sin embargo, el presidente puso manos a la obra con ánimo y rapidez. Nombró un gabinete de 22 miembros entre los que destacaban el ministro de Gobierno, César Verduga, quien se había distinguido en ese cargo durante la segunda mitad del régimen de Rodrigo Borja; el canciller José Ayala Lasso, respetado internacionalmente y que a la sazón ocupaba el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el ministro de Educación, Mario Jaramillo, ex rector de la Universidad del Azuay. Pero en los organismos de control y en la secretaría de la Administración Pública puso a personas que no inspiraban confianza alguna. El gobierno convocó a los ecuatorianos a una consulta popular para el 25 de mayo de 1997. La complicada consulta pedía pronunciarse sobre 14 puntos: ante todo, ratificar la destitución de Bucaram, ratificar la elección de Alarcón y convocar una Asamblea Nacional que reforme la Carta Política; a continuación pedía que el pueblo escogiera entre elegir por votación popular a todos los miembros de la Asamblea o elegir de este modo solo a algunos de ellos, y que el resto fuese designado por organismos del Estado y de la ciudadanía. La consulta pedía también limitar los gastos electorales y controlar el origen de su financiamiento; pedía escoger entre votar para dignidades colectivas por la lista completa de los candidatos de un partido político calificado o más bien por candidatos tomados de cualesquiera de las listas; pedía elegir diputados en la segunda vuelta presidencial, eliminar los partidos que hubieran obtenido menos del cinco por ciento de los votos de todo el país en dos elecciones pluripersonales sucesivas, integrar el Supremo Electoral con representantes de los partidos políticos con más votos en las elecciones pluripersonales y elegir a los titulares de los órganos de control sin ternas enviadas por el presidente de la República. Solicitaba, también, al pueblo pronunciarse sobre si la Función Judicial debía designar a sus miembros, sobre asignar o no funciones administrativas al Consejo Nacional de la Judicatura nombrado por la Suprema y sobre revocar el mandato a los elegidos por voto popular cuando se hubieran vuelto indignos de esa representación. Por último pedía pronunciarse sobre si incorporar a la Constitución los cambios resueltos por esta consulta en un lapso no mayor de 60 días. Acudió a votar el 59.3 por ciento de los empadronados. Ganaron las siguientes opciones: 61 por ciento contra Bucaram; 54.9 por Alarcón; 46.6 por la Asamblea; 35.8 por voto popular de todos los asambleistas; 49 por control de gasto electoral; 30.7 por elección nominal de una o varias listas; 36 por elección de diputados en la primera vuelta; 46.3 porque se eliminen del registro electoral los partidos con menos del cinco por ciento; 39 por un Tribunal Electoral integrado por los partidos ganadores; 33.6 por ternas para organismos de control independientes del presidente; 40.4 y 37.0 por las dos reformas judiciales, 39.6 por la revocatoria del mandato y 43.8 por los 60 días. El presidente quedó muy satisfecho con la ratificación del pueblo a su mandato. En Pichincha esta ratificación llegó a 74.8 por ciento, en Azuay a 63.4, en Tungurahua a 61.6 y en Carchi a 61.5. En la Costa, Guayas lo ratificó con 49.6, el porcentaje más alto de esa región. Los porcentajes más bajos fueron en Esmeraldas, Sucumbíos y Zamora : con 28.4 por ciento, 32.8 y 36.5 respectivamente. "Lo curioso es que, debido al elevado porcentaje de votos blancos y nulos, solamente las preguntas uno y dos alcanzaron un número de votos válidos superior a la mitad más uno de los votantes, lo cual confirma una mayoría absoluta indiscutible por el Sí. En todos los demás temas de la consulta, ninguna de las alternativas de respuesta alcanzó el número suficiente de sufragios para garantizar la mayoría absoluta en el total de votantes, por lo cual puede dudarse de que haya existido una nítida voluntad ciudadana en favor de los temas tres al 14 propuestos por el Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia". ("Consulta Popular: Reflexiones y Propuestas", Cordes y Fundación Konrad Adenauer). MANEJO ECONÓMICO El precio del barril de petróleo cayó en la sima de la década : valió tan solo seis dólares veinte centavos. Con el Niño insoportable y el petróleo deprimido, la economía creció apenas al 0, 4 del PIB mientras la población crecía al 1.9 por ciento. Para compensar las pérdidas y acudir en auxilio de los damnificados, hubo que endeudarse. La deuda interna subió a 2.068 millones de dólares y el déficit del presupuesto habría de llegar también al récor del decenio: a menos seis puntos y medio por ciento. Para aumentar las calamidades, un terremoto dañó seriamente la ciudad balneario de Bahía de Caráquez cuando ésta vivía una suerte de auge turístico generado en la predilección del presidente Sixto Durán-Ballén por esa ciudad manabita en la que había gastado mucho en obra pública y vialidad. Alarcón sobrellevó estos desastres con estoicismo, con fortaleza y con actividad. Emprendió por medio del ministro de Finanzas Marco Flores la tecnificación y depuración del Sistema de Rentas Interno y encomendó a las Fuerzas Armadas la administración y el control de las aduanas, uno de los focos de la corrupción de la oligarquía desde la fundación de la República ; pero no intentó siquiera corregir las deficiencias estructurales de la economía, no hizo ajustes y, ante la presión popular e indígena retiró la medida de bajar los subsidios al gas de uso doméstico e industrial. En los años 60, el presidente interino Clemente Yerovi había aprovechado su condición de interino para ajustar la economía y las finanzas. El presidente Alarcón no lo hizo. Y este fue su mayor pecado. En fin, no permitió que las calamidades le distrajeran de proseguir las negociaciones de la paz con Perú, de tender un hábil manto protector a la corrupción del régimen y de interesarse por el juego político de las elecciones presidenciales. EL PROCESO DE LA PAZ Ecuador detuvo victoriosamente la ofensiva peruana en la Guerra del Cenepa a comienzos de 1995. Ecuador se ganó el respeto de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro que, por fin, se decidieron a cumplir con la palabra empeñada hacía medio siglo. Pero, principalmente, Ecuador tuvo suerte en que esa guerra hubiera estallado en el último decenio del siglo XX. A partir de la caída del Muro de Berlín, los Estados Unidos dominaron el mundo, impulsaron la globalización del comercio y determinaron que la democracia era la forma de gobierno que convenía a la economía liberal. La tradición de la geopolítica de Washington había sido considerar a América Latina como su bodega y retaguardia. En las nuevas condiciones de fines de milenio, esa retaguardia debía ser democrática, pacífica y segura, y esa bodega debía participar como socia minoritaria del mercado usaíta amenazado por la competencia de la Unión Europea, de la República China y del mercado japonés y sudasiático. Convenía, pues, que todo conflicto fronterizo en América Latina se resolviera pronto y en paz. El conflicto Ecuador - Perú era antiguo, se había vuelto violento desde los años ochenta, tenía lugar en la región noroeste de América del Sur centro del comercio del narcotráfico, de la guerrilla colombiana, del Canal de Panamá, y de sociedades en que había una peligrosa distancia entre la calidad de vida de los ricos y el deterioro de vida de los pobres. Había, pues, que liquidarlo a cualquier precio y sin demora. Estas circunstancias explican que las negociaciones comenzadas para poner fin a la guerra del Cenepa hubieran continuado sin interrupción ni sobresaltos. Tras el retiro de las tropas y la desmilitarización de la frontera, acciones en las cuales los países garantes estuvieron presentes y en cuyo buen suceso influyeron, había que negociar la línea de frontera y crear nuevas condiciones económicas para que la paz se afianzara en el comercio. Alarcón tomó con seriedad este asunto tan urgentemente presionado por los Estados Unidos y dio carta blanca al canciller José Ayala Lasso, un hábil diplomático y una persona reconocida en el mundo internacional. Ayala trabajó bien con la prensa para ganar la opinión pública al pesado costo de la paz ya que se preveía que el arreglo definitivo no satisfaría la tradicional aspiración ecuatoriana a un acceso territorial y soberano al Amazonas. En el gobierno de Alarcón tuvieron lugar dos fases importantes de las negociaciones. La primera fase con cinco rondas de diálogo sobre los impasses subsistentes se llevó a cabo en Brasilia en abril de 1997. La segunda fase fue en enero de 1998. De ella salió la Declaratoria de Brasilia que reafirmaba la voluntad de las partes para llegar a una pronta solución sea directamente, sea dejando en última instancia todo el asunto en manos de los garantes. A la Declaratoria siguió un cronograma para la aplicación de cuatro métodos de solución de los impasses. Se establecieron cuatro comisiones negociadoras y un Grupo de Trabajo binacional. La primera Comisión trabajó en un proyecto de Comercio y Navegación ; la segunda en los acuerdos de Integración Fronteriza ; la tercera, en la fijación de Límites de la Frontera Terrestre en disputa, y la cuarta en crear medidas de Confianza y Seguridad. Gracias al trabajo de estas comisiones se firmaría la paz a comienzos del ejercicio presidencial de Jamil Mahuad. La preparación de la paz fue una de las acciones más positivas del régimen de Alarcón. La política exterior ecuatoriana trabajó, además, en limpiar la imagen del Ecuador manchada de histrionismo y vulgaridad por Abdalá Bucaram ; trabajó en la integración andina y en un encuentro de presidentes andinos en la Cumbre de Guayaquil en abril de 1998. Ecuador entró en el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, con miras a la inserción en el Consejo de Cooperación Económico y en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. La Cancillería encaminó sus acciones en el 98 a concluir los términos de las negociaciones sobre banano con la Unión Europea de acuerdo con los convenios de la Organización Mundial del Comercio. Este trabajo habría de rendir frutos en el año 2000. Se estrecharon los lazos de cooperación técnica y financiera con Alemania, Argentina, España, Japón y los Países Bajos. Sin embargo, la corrupción empañó por algún tiempo las buenas relaciones de cooperación del Ecuador con el Japón. "Interpretando este mandato, y a pesar de que mi administración fue de transición, actué pensando en el futuro y en corregir los desequilibrios macroeconómicos y recuperar la economía, teniendo siempre presente la acción social dirigida a los sectores más deprimidos" (Carta del Presidente, 1998)